La presidenta del Colegio de la Abogacía de La Plata, Rosario Sánchez, destacó la importancia de seguir “avanzando y profundizando” las políticas de integridad y transparencia y recordó en ese sentido que su primera medida de gestión fue la de “impulsar” la obligatoriedad de presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales a todos los Consejeros de la institución.
Dichas declaraciones las formuló en el marco de las jornadas organizadas por el Instituto de Transparencia y Fortalecimiento Institucional del Colegio (creado por decisión de la actual gestión), del que participaron también el Defensor Adjunto General de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, Luis María Ferella; el director del Instituto de Transparencia y Fortalecimiento Institucional Leandro Adaro, la subdirectora Delfina Pis Diez y el secretario Marcelo Wallace.
Sánchez recalcó que desde el Colegio “tomamos la decisión de implementar un programa de integridad” y por ello, según anticipó, “designaremos a un oficial de cumplimiento normativo que nos permitirá tener herramientas concretas de trabajo para elevar los estándares de transparencia, promover la integridad y las buenas prácticas a fin de prevenir, detectar y corregir riesgos de corrupción dentro de nuestra Institución”.
“Buscamos instalar una identidad corporativa que permita transformar las políticas anticorrupción en principios y normas que guíen el comportamiento de todos los que integran el colegio profesional, sin distinciones jerárquicas” finalizó la presidenta del Colegio de la Abogacía platense.
