UCALP

Tres estudiantes universitarios bahienses procesados tras “hackeo” de exámenes

El hecho fue denunciado por la Universidad Católica de La Plata, que suspendió a tres alumnos de la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría.

Sede de la Universidad Católica de La Plata en Bahía Blanca

Los involucrados en esta polémica situación son Micaela Mariel Gerassi, Agustín Nicolás Garcette y Mauro Micheletto, quienes enfrentan cargos por ingreso ilegítimo a un sistema o dato informático de acceso restringido, conforme a los artículos 45 y 153 bis del Código Penal. La causa se inició a raíz de la denuncia presentada por los profesores Leandro Halberg y Marcelo Castro Aliendo, de Fisiología y Técnicas Kinésicas I, respectivamente, quienes detectaron accesos indebidos a sus áreas de exámenes a través de sus cuentas personales institucionales.

A pesar de que la UCALP sancionó a los estudiantes con 30 días de suspensión, la justicia federal avanzó con el caso. Los abogados defensores, Valentín Fernández (Gerassi) y Gabriel Jarque (Garcette y Micheletto), plantearon que no existían pruebas contundentes de «hackeo» y que el principio de insignificancia debía prevalecer, considerando la falta de daño causado. Sin embargo, la Cámara Federal respaldó el procesamiento dictado por el juez federal N° 1, Walter López Da Silva, y rechazó las apelaciones presentadas.

El tribunal argumentó que la calificación del delito se ajusta a la ley, ya que el ingreso ilegítimo a un sistema informático de acceso restringido, también conocido como «hacking» o «intrusismo informático», implica vulnerar los protocolos de seguridad para obtener información no autorizada. Los camaristas destacaron que los estudiantes accedieron a los exámenes con pleno conocimiento de que estaban infringiendo la ley y sin tener la debida autorización para hacerlo.

Por otro lado, se descartó el argumento de la defensa pública sobre la falta de notificación de una pericia, ya que se constató que todas las medidas tomadas durante la investigación fueron debidamente notificadas por cédula electrónica.

El caso de estos tres estudiantes universitarios ha generado debate entre quienes consideran que la intervención penal es desproporcionada, dada la sanción ya impuesta por la institución educativa, y quienes sostienen que la violación de la seguridad informática merece una respuesta firme por parte del Estado.

El proceso judicial sigue su curso y se espera que en los próximos días se realice el juicio oral para determinar la responsabilidad de los acusados en este delicado asunto. Mientras tanto, la comunidad académica reflexiona sobre las implicaciones éticas y legales del acceso no autorizado a sistemas informáticos y la importancia de preservar la integridad de la información en el entorno digital.